Municipio presenta querella por posibles delitos en proyectos inmobiliarios en zona costera
Recurso apunta a eventuales transgresiones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Las obras fueron paralizadas en 2021.
Una querella criminal contra quienes resulten responsables presentó la Municipalidad de Valdivia por los eventuales delitos contra la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que pudieran estar cometiendo empresas inmobiliarias en la costa de Valdivia, cuyas obras fueron paralizadas en 2021 por la casa edilicia.
En el Juzgado de Garantía de Valdivia fue presentada dicha acción legal, con la cual el municipio valdiviano se suma a una causa abierta en junio del año pasado, tras una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en la que se busca perseguir delitos que atenten contra la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en particular respecto de cuatro proyectos inmobiliarios emplazados en la costa de Valdivia: Cutipay Alto I, Cutipay Alto II o Los Molinos Alto, El Canelal (sector Pellines) y Loteo Piedra Hueca-Pilolcura.
Esto luego de una fiscalización realizada por el Minvu que detectó -entre otras cosas- que ninguno de estos cuatro proyectos cuenta con un Informe Favorable para la construcción, exigido y reglado en el artículo 55 de la citada Ley, u otra autorización urbanística aplicable a los mismos.
En esa línea y según detalla la acción legal, el actuar de los titulares de proyecto se basa exclusivamente en la obtención de certificados otorgados por el Servicio Agrícola y Ganadero, de conformidad con el artículo 1 y siguientes del Decreto Ley No 3.516, que establece Normas sobre División de Predios Rústicos.
Al respecto, cabe tener presente que la subdivisión conforme a la normativa vigente no autoriza a realizar construcciones, sino solo certifica que la división del suelo para fines agrícolas, forestales y ganaderos, es de una superficie no inferior a 5.000 metros cuadrados, quedando prohibidos los fines urbanos y habitacionales de forma expresa en dicha normativa.
La directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valdivia, Natalia Tapia, detalló que “con los antecedentes que obran a la fecha, más los proporcionados por diferentes instituciones públicas fiscalizadoras de la región, se pueden evidenciar posibles acciones con características delictivas, con conductas antirreglamentarias a diferentes disposiciones legales. Además, con esta acción legal el municipio busca hacerse parte de esta causa con el fin de pedir que se realicen diligencias adicionales a las que ya se han solicitado y que estimamos pertinentes para perseguir las responsabilidades penales”.
Por su parte, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, afirmó que “desde que iniciamos nuestra administración municipal hemos estado preocupados y ocupados por este tema, el cual, hay que ser claros, no fue atendido antes, pese a que ya existían antecedentes y reclamos de vecinos del sector y herramientas para tomar cartas en el asunto. Por ello y para terminar con ese abandono, primero en 2021 decidimos hacernos cargo y decretar la paralización de los proyectos inmobiliarios que no cumplían con la normativa, medida que además fue respaldada por la justicia, lo que evidencia que sí se podía hacer algo”.
“Y ahora, continuando con las acciones que como municipio podemos efectuar para evitar que este tipo de hechos, y ante los antecedentes sobre la continuación de algunas obras, es que decidimos hacernos parte de esta causa judicial, presentando una querella criminal que ya fue declarada admisible. Insistimos, no estamos en contra de loteos y parcelaciones, pero reiteramos que estas deben ser realizadas cumpliendo con la normativa para evitar afectaciones al medio ambiente y a las comunidades aledañas” precisó la jefa comunal.
Además de pedir que se cite a declarar a representantes de las empresas inmobiliarias involucradas y que se despache una orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones, la casa edilicia solicitó como diligencias que por intermedio de la Fiscalía se pida un informe sobre las escrituras de compraventa celebradas por dichas empresas, respecto de cada una de los proyectos inmobiliarios contemplados en esta acción legal, haciendo presente el deber que tienen en esta materia notarias y conservadores de bienes raíces, de acuerdo al artículo 24 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.