Opinión: Inclusión para una sociedad integral

Existe un amplio consenso, tanto académico como ciudadano, en torno a que el acceso a una educación de calidad resulta fundamental para lograr la igualdad de oportunidades y la participación de cada persona en la vida nacional. Este principio corresponde a una tarea de Estado, que hemos asumido como compromiso en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, mediante la Reforma Educacional. 

Es por ello, que en marzo de 2016 entró en vigencia la Ley de Inclusión Escolar. Esta normativa persigue crear un sistema de Educación de provisión mixta, financiado íntegramente por el Estado, en que coexista un sistema público con uno privado a través de organizaciones que tengan como único fin la educación. Esto sin perjuicio de la existencia de otras instituciones, completamente privadas, que no reciben subsidios públicos.

Para todos los establecimientos que reciban aportes públicos, la normativa establece tres principios: primero, el fin al lucro con recursos públicos destinados a establecimientos educacionales; segundo, el término de la selección de estudiantes en los procesos de admisión; y tercero, el fin del copago como condición obligatoria para las familias. Estas medidas tienen como finalidad que los estudiantes accedan a una educación de calidad, independiente a sus condiciones de origen.

Con el fin del lucro se establece que los recursos públicos se usen exclusivamente en mejorar las condiciones en que se forma a los estudiantes; con el término de la selección logramos que las condiciones de origen de un alumno primen por sobre cualquier otro elemento a la hora de elegir establecimientos; con el fin del copago el Estado se compromete a reemplazar en forma progresiva los aportes de las familias, de tal manera que no exista riesgo respecto de la viabilidad del proyecto educacional, pero permitiendo que ningún niño o niña se vean impedidos de acceder a un establecimiento por falta de recursos económicos.

Para nuestro Gobierno, la educación es un derecho esencial para el ejercicio de todos los demás derechos, por tanto nunca puede ser entendido como un bien de consumo. La implementación de este principio, a través de la ley, sienta bases fundamentales para una convivencia más justa y equitativa entre los chilenos.