Respaldan acusación constitucional contra ex ministro Andrés Chadwick

El ex secretario de Estado queda así inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. 

Por 23 votos a favor y 18 en contra, la Sala del Senado dio curso a los dos capítulos de la acusación constitucional entablada en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

En el marco de la Sesión Especial citada para conocer la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior y Seguridad Pública, la Sala inició esta jornada con las intervenciones de los distintos senadores inscritos para fundamentar su postura frente a este libelo.

En la víspera, la Sala se abocó a conocer los fundamentos de la presentación y los argumentos tanto de los diputados acusadores como de la defensa.

Hicieron uso de la palabra los senadores Manuel José Ossandón, José Miguel Durana, Carlos Montes, Felipe Harboe, Iván Moreira, Rabindranath Quinteros, Alejandro Guillier, Pedro Araya, José García Ruminot, Jacqueline Van Rysselberghe, José Miguel Insulza, Francisco Chahuán, Isabel Allende, Rodrigo Galilea, Ricardo Lagos Weber, David Sandoval, Carmen Gloria Aravena, Juan Pablo Letelier, Juan Castro, José Ignacio Latorre, Ena Von Baer, Alejandro García Huidobro, Carolina Goic, Luz Ebensperger, Ximena Órdenes, Carlos Bianchi, Víctor Pérez Varela, Jaime Quintana, Yasna Provoste, Kenneth Pugh,  Adriana Muñoz, Ximena Rincón, Rafael Prohens, Alejandro Navarro, Álvaro Elizalde, Francisco Huenchumilla, Felipe Kast, Guido Girardi, Andrés Allamand, Alfonso De Urresti y Juan Antonio Coloma.

En la oportunidad, también se hizo un punto reglamentario a raíz de la presentación de la defensa del ex ministro, en el sentido de certificar el número de senadores que participó tanto en lo alegatos como la defensa, ello con el fin de cumplir el quórum requerido para la votación.

Al respecto, se solicitó la opinión a la Secretaría del Senado que, a través del Secretario Raúl Guzmán, confirmó que la norma legal establece que el quorum se establece con la mayoría de los senadores en ejercio. Es decir, a menos que se encuentren desaforados o con permiso constitucional, están habilitados para ejercer su voto.

El senador Ossandón manifestó que “se le acusa al ex ministro de no cumplir su juramento de hacer respetar la ley, lo que lo hace muy grave. Lo que debemos hacer es un juicio jurídico y no político. La acusación es improcedente porque sus argumentos como la violación sistemática de los derechos humanos, no tienen fundamentos en lo jurídico que es en lo que debemos centrarnos”. También hizo ver el uso antojadizo de cifras conocidas.

Luego el senador Durana resumió los múltiples atentados que terminaron destruyendo la propiedad pública y privada. Acto seguido, indicó que “a los acusadores no les importa que el ataque al metro haya sido un acto terrorista. Hechos similares se replicaron en el país, muchos de los cuales afectaron a las pymes”. El congresista aseguró que “el ex ministro firmó los decretos de emergencia y eso nunca ha implicado la violación de los derechos humanos. Este acto es para los acusadores, una victoria política”.

El senador Montes aclaró que “no se trata de analizar la trayectoria política o las características personales de Chadwick. Lo que se estudia hoy es su rol de ministro en la crisis. Hay una naturaleza mixta del juicio que debemos emitir porque hablamos de lo jurídico y también de determinar una responsabilidad política”. El legislador reconoció que “muchos creemos que la juventud manifiesta un descontento profundo respecto del modelo de sociedad citando cifras que sustentan la desigualdad que están detrás de todo lo ocurrido”.

Por su parte, el senador Harboe explicó que en este caso “hay que considerar la supremacía constitucional y su control, y a la responsabilidad política. Respecto a lo primero, la Constitución  no es algo que le compete solo a los jueces y el TC. El Congreso puede participar de este control. El Senado actúa como jurado”. En cuanto a la responsabilidad política, mencionó el desmantelamiento del alto mando de Carabineros que materializó Chadwick, lo que habría incidido en los actos de violencia.

El senador Moreira pidió huir de los deseos de revancha política al emitir un voto. “No podemos desentendernos de una enorme crisis y firmemente condenamos los abusos y violaciones a los derechos humanos. Tampoco podemos caer en el juego de noticias falsas, hechos infundados. Acá no han habido fundamentos suficientes para sostener la acusación. Se hacen críticas de orden general, juicios de valor. No hay condenas por los hechos en los que fundamentan el libelo”.

El senador Quinteros recordó que “en nuestra tradición la acusación constitucional es un juicio político…si se acoge la acusación no se le está condenando por un delito penal y si se rechaza tampoco se le está absolviendo. Puede ser inocente penalmente pero no políticamente cuando se está a cargo de un ministerio responsable de velar por el orden público y respetar los DD.HH y se fracasa estrepitosamente. El fracaso ha sido rotundo se han cometido numerosas y graves violaciones a los DD.HH…se le acusa por no haber evitado que escalara (la crisis) con graves vulneraciones a los derechos humanos que han sufrido varios chilenos”.

En tanto, el senador Guillier indicó que “desde el 18 de octubre se han sucedido violaciones a los derechos humanos como no habíamos visto en otras épocas… No es posible que se haya llegado a este nivel de violación de los derechos humanos sin que las autoridades civiles asuman sus responsabilidades. No resulta razonable para la opinión pública ese apoyo incondicional a una policía que estaba violando los DD.HH…Se pueden exigir las responsabilidades políticas más allá de las consideraciones personales específicas”.

A su turno, el senador Araya manifestó que “no creo que nadie en este Senado se atreva a negar los lamentables hechos que han ocurrido después del estallido social… la dependencia de las fuerzas de seguridad y orden son del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Esa es la relación que hay entre las fuerzas de orden y el ministerio… Aquí hay distintos tipos de responsabilidades y este Senado debe perseguir la responsabilidad política…esto no es venganza, es determinar responsabilidad política, no aceptar esta acusación es caer en la impunidad política”.

Una opinión distinta manifestó el senador García Ruminot quien recordó que durante los 22 años que estuvo Andrés Chadwick en el Congreso “estuvo siempre integrando las comisiones de Constitución y de DD.HH. Es una persona seria y responsable siempre dispuesta al diálogo y a concurrir a los acuerdos… las actuaciones de don Andrés Chadwick han estado apegadas siempre al respeto de la Constitución y las leyes y su trayectoria demuestra que su conducta siempre ha estado apegada a los derechos humanos. Tengo la convicción de que Andrés Chadwick es un hombre de Estado que siempre ha tenido presente el bien común”.

Una opinión similar manifestó la senadora Van Rysselberghe  tras señalar que “no existen antecedentes que prueben efectivamente violaciones a los derechos humanos de manera sistemática por parte de órganos del Estado…No existiendo antecedentes que permitan calificar una violación sistemática de los derechos humanos, no puede prosperar el primer capítulo…Se deben investigar y sancionar a los autores de los casos señalados, pero Andrés Chadwick no omitió ninguna acción, pues los decretos ya decían que había que seguir ciertos lineamientos y  respetar los DD.HH…el gobierno y el ex ministro tomaron una serie de medidas para evitar acciones ilícitas. Creo absolutamente en la  inocencia del ex ministro Andrés Chadwick”.

El senador Insulza anunció su voto favorable a los dos capítulos de la acusación y enfatizó en que “este juicio no es penal, es político (…). Se está haciendo efectiva la responsabilidad política de un gobierno y sus principales autoridades, que perdieron de vista lo que estaba ocurriendo”; asimismo, reconoció que en la calle se hizo sentir el descontento y llamó a no dramatizar excesivamente la decisión, “cuando un militar pierde sus batallas, se les destituye, cuando un ministro comete grandes errores se le pide la renuncia o se le destituye”.

Luego, el senador Chahuán hizo una cerrada defensa del ex ministro y acotó que “no resulta serio, sin haber agotado todas las instancias, esta acusación. Estamos frente a argumentos puramente políticos (…) y los casos de fondo están siendo investigados, porque acá el estado de derecho ha operado”. A juicio del legislador, la facultad de acusación constitucional “debe ser ponderada y no puede usarse como forma de encausar malestares, buscando una víctima”.

Haciendo un férreo llamado a respetar los derechos humanos, la senadora Allende, sostuvo que hubo reiterada violación a los DD.HH más esenciales y aclaró que “nadie ha defendido en esta Sala, ni se hará,  a aquellos delincuentes que han saqueado, que han cometido delitos”. En la misma línea, declaró que esto “no es personal, se ha hablado de revanchismo, de venganza, pero aquí estamos cumpliendo la Constitución y las leyes, tal como lo juramentó el Ministro. El descontento social no se soluciona con represión”.

A su turno, el senador Galilea argumentó que la acusación no tiene mérito. “¡Omitir deliberadamente medidas para detener violaciones a los DD.HH.!, no se me ocurre una acusación más grave como ésta. No es simplemente omitir, es hacerlo deliberadamente, es decir que se actuó con dolo y con el propósito definido que se violaran los derecho humanos.”, por lo que llamó a meditar en torno a esta afirmación, “que es de una injusticia el solo plantearla”.

Para el senador Lagos Weber, “los abusos y los excesos son evidentes, no hay discusión sobre eso, al punto que al asumir un ministro de Interior nuevo, y a menos de 48 hora, pide que se revisen los protocolos”. El legislador argumentó políticamente su voto a favor del libelo, porque “lo que estaba en juego es nuestra institucionalidad (…)” y reconoció su convicción de que estuvimos “a un tris de un colapso institucional, tenemos que hacernos cargo”.

El senador Sandoval hizo una autocrítica respecto al rol de los políticos respecto a no haber anticipado la crisis. “Cuando uno escucha al senador Insulza diciendo que las manifestaciones son en contra del gobierno del presidente Piñera y luego el ex presidente Lagos, lo desmiente, creo que la responsabilidad es de todos esta situación por décadas (…) Creemos que decretar estado de emergencia fue una decisión lícita y oportuna”, reflexionó.

La senadora Aravena pidó dar un “contexto” a esta acusación constitucional pues “la historia nos terminará juzgando si estuvimos a la altura o no”. Recalcó que “nadie, ni en sus peores pesadillas, imaginó una crisis como la que estamos enfrentando”. Junto con lamentar los fallecidos y las víctimas; así como las millonarias pérdidas de bienes públicos y privados y de miles de  puestos de trabajo preguntó si “es posible acusar a un ex ministro por una situación que desbordó todos los parámetros conocidos, la institucionalidad vigente y donde incluso todos somos responsables en alguna medida”.

Una perspectiva distinta hizo presente el senador Letelier quien recordó que “el ministro del Interior tiene como función velar por el orden público y eso incluye el respeto irrestricto por los derechos huanos” y a su juicio, “no trascendió ninguna acción concreta” que promoviera  en medio de la crisis cuando “todos sabíamos de las vulneraciones cometidas”. “No es suficiente pedir información y sumarios”, dijo el parlamentario quien reconoció que Carabineros ya vivía una crisis cuando se produce el estallido social.

Por su parte, el senador Castro se preguntó sobre “¿qué responsabilidad tiene el ex ministro Chadwick si muchas veces carabineros actuando en su propia defensa -al verse sobrepasado- por agresores y un nivel de violencia tuvo que actuar?. Nadie valora esfuerzo de carabineros” y recordó que durante varios gobiernos de izquierda se les quitaron facultades para reestablecer el orden público, así como para capacitarse y especializarse”, dijo. Asimismo reflexionó respecto a que “estamos además frente a una crisis de las familias, de la fiscalía, de la educación y las instituciones”.

El senador Latorre aseguró que “el orden público no es incompatible con la protección y el resguardo de  los derechos humanos” y agregó que cuando se usa la fuerza con desproporción se vulneran la Constitución y los tratados internacionales”. A su juicio, “el ministro debió haber renunciado hace un año cuando se produjo el caso Catrillanca” recalcó que el ex secretario de Estado es responsable políticamente de esta acusación, no es el quien mató o cometió los abusos materialmente pero es el responsable político de las fuerzas de orden”.

La senadora Von Baer hizo presente su convicción de que “el ex ministro Chadwick ya asumió su responsabilidad política cuando renunció a su cargo. No se puede juzgar a una misma persona por el mismo hecho dos veces”. Por eso recalcó que “si la decisión de este Senado es exclusivamente política, la acusación debe ser rechazada”. La parlamentaria pidió a sus pares “actuar en conciencia” y criticó “el nivel de vaguedad con que se acusa al ex ministro de cometer violaciones a los derechos humanos”.

El senador García Huidobro recordó los distintos roles que ha tenido Chadwick en su carrera. “Es absolutamente inocente de los cargos que se le imputan que buscan impedirle seguir sirviendo a nuestro país”, admitió junto con confesar el orgullo que siente por él y agradecer su presencia en la Sala. “Se le acusa de omitir acciones que permitieron la violación de derechos humanos. Acá hay un aprovechamiento político (…) Las responsabilidades penales son personales y él no cometió ninguno de los abusos cometidos”, sentenció.

Como una situación compleja calificó la senadora Goic, esta acusación. “Hoy estamos discutiendo este libelo a un ministro. No por el hecho de haber renunciado, se imposibilita el uso de esta herramienta vigente. Este es un juicio político constitucional, no estamos hablando de la intencionalidad penal (…) Soy de la convicción que el ex ministro no veló por la protección de los derechos de las personas. Lo que hoy discutimos es cómo ejercemos nuestra responsabilidad”, expresó reconociendo que con esta sentencia no termina la crisis política.

“Estoy confundida y asombrada”. Con esa frase comenzó su intervención la senadora Ebensperger asegurando que “hoy estábamos llamados a pronunciarnos sobre una acusación constitucional, pero lo que hemos visto es un juicio político contra el presidente Piñera. Espero que la responsabilidad de actuar como jurado, todos la asumamos con responsabilidad pensando en lo constitucional y lo político”. Chadwick actuó dentro de su rol y cuando se habla de omisiones, estamos frente a acusaciones sin fundamento”.

La senadora Órdenes recordó la cronología de los acontecimientos que llevaron a la crisis contra la desigualdad, como así también las cifras de heridos y detenidos, y los informes emitidos por organismos internacionales. “Esta acusación habla de la omisión de medidas para evitar la violación de derechos, y claro está que el ministro tenía bajo su mando las policías que son las que materializaron los abusos”, reconoció complementando que, respecto al decreto de estado de emergencia que sólo debía coartar los derechos a la movilidad y a reunión, “se superó por mucho”.

Posteriormente el senador Bianchi expresó que la responsabilidad es la palabra clave en este debate. “Los derechos humanos son universales y prioritarios, significa que para su resguardo no bastan las normas administrativas. Él debió prevenir los actos que podrían surgir en un espacio de conflicto. No existe autonomía de ninguna institución cuando se trata de la violación de los derechos humanos, Carabineros no está por sobre esa consideración”, declaró recordando que cada vez que se registraba un hecho de violencia, el ministro solo pedía oficios para recibir información.

A su turno, el senador Pérez indicó que “no hay ninguna prueba concreta de donde estuvo la omisión por parte del ex ministro…aquí es una crisis del Estado de Chile y por tanto todos tenemos que enfrentarla para resolverla…Esta acusación constitucional no se fundamenta y tal es así que la mayoría de ustedes han usado argumentos absolutamente distintos para justificarla…pido responsabilidad política y seriedad en una acusación que no tiene fundamentos”.

En tanto, el senador Quintana se manifestó a favor de los dos capítulos de la acusación, señalando que “el que todos tengamos un grado de responsabilidad, no significa que todos seamos responsables…El gobierno podría haber actuado mejor en materia de respeto de los derechos humanos…El ex ministro no actuó ni con la mitad de la urgencia…en ninguno de sus discursos se refirió al tema, tampoco envió los mensajes de moderación hacia las FF.AA y de Orden”.

La senadora Provoste señaló que “lo ocurrido en los últimos días no hay nada que se le compare en los últimos 30 años. La cifra de víctimas fatales, detenidos, heridos y personas ultrajadas son abismantes en tan corto plazo…no hay antecedentes en una democracia reciente que un ministro, después de haber dejado su cargo, haya sido sometido a juicio político…Los antecedentes conocidos me llevan en conciencia y como jurado a reconocer la responsabilidad política”.

Por su parte el senador Pugh manifestó que “debe existir una ponderación entre el fundamento que se imputa y la sanción…a mi parecer no se ha probado que haya omisiones sistemáticas y cuando se le señala la ausencia de acciones concretas, éstas fueron citadas por la defensa…ninguno de los argumentos apuntan a desacreditar el servicio público presentado por el ex ministro Chadwick, incluso algunas pruebas han sido desestimadas”.

La senadora Muñoz señaló que “faltó energía y decisión en la materia…había información oficial del INDH, sesiones de comisiones parlamentarias, pero se privilegió el discurso del orden y seguridad. Faltó fuerza en una materia que por nuestra historia, era importante…Estamos ante un juicio político. No buscamos ni responsabilidades penales, ni administrativas…la acusación no es una revancha ni es venganza, se trata de un acto político responsable que ofrecemos al amparo de la Constitución”.

SUPERVIGILANCIA

Comenzando su argumentación, la senadora Rincón manifestó que en diversas épocas ha habido violencia dolorosa, “pero nunca como la que alcanzó la dictadura hace 30 años atrás” y desde esa fecha, reconoció, se han dado pasos valiosos para respetar las legítimas diferencias. En este contexto, sentenció que “el Ministro del Interior -persona que estimo y valoro- es la encargada de la seguridad pública” y reclamó por su inacción en detenciones ilegales, heridos y abusos.

A su turno, el senador Prohens anunció su rechazo a la acusación y agradeció la labor del ex Ministro, quien ha trabajado, según indicó, “por el bien de nuestro país por sobre el propio”. Durante su intervención aseveró que “con esta acusación dañamos a nuestro país. Nos falta altura de miras. (..) Esto es, a lo menos, irresponsables;  se abre una caja de pandora, que no sé quién podrá cerrar el día de mañana”.

Anunciando su aprobación a los dos capítulos, el senador Navarro realizó una fuerte crítica a la Constitución del 80, la que consagra que “el derecho a la propiedad es defendido con más fuerza que el derecho a la vida. Es en esta Constitución donde está consagrada la acusación. En esta Constitución el presidente es el que manda”. Además, afirmó “con dolor, que todavía el presidente Piñera y este Senado no entienden nada de lo que está pasando”.

“En una república democrática ninguna autoridad debe ser irresponsable, deben responder pos sus acciones”, manifestó el senador Elizalde, quien detalló que la gestión del ex Ministro “antes y durante la crisis, se caracterizó por un actuar incremental y desproporcionadamente represivo en contra de expresiones ciudadanas legítimas, a través de las fuerzas de orden y seguridad, que se encontraban bajo su supervigilancia y dirección directa. Este actuar derivó en graves violaciones a los dd.hh.”.

La responsabilidad de Chadwick en la supervigilancia de las fuerzas de orden y seguridad, fue argumentada por el senador Huenchumilla. “Esta es una responsabilidad estratégica, no táctica y hay que entender que esta es política, donde no hay libretos pre establecidos, pero significa tomar decisiones, escuchar, hacer análisis de posibilidades de riesgo (…). Hemos presenciado la violación de ciertos derechos fundamentales en miles de personas”, lamentó.